Cuenta la Historia –la de verdad, la que se escribe con mayúscula- que Julio César se divorció de su esposa Pompeya después de que un opositor político lograra entrar en su casa disfrazado de mujer, con la intención de acostarse con ella. Cuando algunos de sus amigos más cercanos intentaron convencerle para que rectificase, asegurando que Pompeya era completamente inocente, César respondió con una de sus máximas más famosas: “La mujer del César no sólo ha de ser honrada, también ha de parecerlo”.
Pero parece que esta sentencia, que resume claramente la importancia de las formas en la vida política, ha pasado por España sin pena ni gloria.
Las formas, el cómo, son casi tan importantes como el qué, y la verdad es que a más de uno convendría recordarle que su puesto, su posición y su cargo se lo debe a un pueblo al que debe, también, unas explicaciones, una corrección y un respeto.
En el último mes los medios de comunicación se han llenado de casos en los que se demuestra a todas luces que nuestra clase política ha olvidado cómo comportarse. Para muestra, un botón… o unos cuantos.
Lamentable como mínimo las desafortunadas meteduras de pata de nuestro actual presidente del gobierno, que parece empeñado en que nos enteremos de las reformas, recortes y remodelaciones de nuestro propio estado a través de las filtraciones que se cuelan por las rendijas de la prensa internacional. Nos enteramos de los recortes en sanidad y educación por Alemania, y del medicamentazo por México… pero cuando a la salida del Senado la prensa nacional le abordó por estas mismas cuestiones el señor Rajoy tomó las de Villadiego, frenando en seco su paso y dando marcha atrás, y dejando a los periodistas presentes con esa cara que se te queda cuando estás seguro de que hay una cámara oculta grabando la presunta broma… que no es tal.
¿Tiene derecho a no hablar? Sí, por supuesto… pero tal vez debería tener en cuenta que nosotros, los ciudadanos, tenemos también el derecho a preguntar. Cualquier buen asesor –presumo que el suyo propio- le habría dicho que lo lógico hubiera sido, en caso de no querer dar declaraciones, responder con un escueto “el ministro dará una rueda de prensa esta tarde para aclarar este tema”, como efectivamente sucedió.
A titulo personal diré que creo que debería haber hablado, pero incluso no queriendo hacerlo, esta respuesta, por muy criticable que sea, habría limado el efecto “salir corriendo” que produjo su mal paso atrás ante los medios.
Algo similar sucede con el caso Escribano. El diputado coruñés ha sido absuelto por el tribunal de un delito de cohecho, en una sentencia que aduce el “in dubio pro reo”. Es decir, hay pruebas razonables que apuntan al delito, pero no son suficientes para una condena.
Como demócrata me alegro de la sentencia. Creo que un sistema garantista, que defienda siempre al presunto culpable, puede, efectivamente, suponer que muchos delincuentes queden libres de pena, pero desde luego garantiza que muy pocos inocentes acabarán erróneamente entre rejas.
Ahora bien, no es lo mismo no ser condenado que ser inocente, y en casos como este, ¿no deberían los partidos políticos observar la máxima de César, y exigir a sus cargos y militantes una transparencia total? ¿Debe una persona que ha sido declarada no culpable en base al “in dubio pro reo” seguir ostentando cargos públicos de responsabilidad con el beneplácito de su partido?
Claro que existen casos todavía peores, como el de aquellos que no sólo no observan las formas, sino que además las enmascaran. Ahí tienen ustedes a Conde Roa, asegurando con voz firme que no declarar los impuestos no es defraudar a Hacienda (que, les recuerdo, “somos todos”), sino “contraer una deuda con la administración”. Un alcalde electo por mayoría absoluta, importante empresario y con formación en leyes, debería saber que los impuestos hay que declararlos, podamos afrontar su pago o no. Pudo negociar plazos de pago con Hacienda, pudo fraccionar el importe… pero optó por ocultar al erario público 300.000 euros en impuestos, y por tratar de lavar su imagen con retórica en lugar de salir por la puerta grande, admitiendo el error.
Y como no sólo de políticos de partido vive el hombre, la Casa Real puso estos días la guinda al pastel de las formas y el fondo, con dos incidentes muy accidentados. Porque que un menor de 14 años maneje armas de fuego es ilegal, pero que ese menor de edad sea nieto del Rey, las maneje con el conocimiento, consentimiento y puede que hasta con el aliento de sus padre, y encima se pegue un tiro en un pie accidentalmente es ya la repanocha.
A penas unas semanas antes el juez imputaba a Iñaqui Urdangarín, marido de la Infanta Cristina, en el caso Noos. Un proceso judicial que traerá cola, máxime cuando el otro imputado, ex-socio de Urdangarín, asegura que D. Juan Carlos intervino en determinadas negociaciones de la empresa con diferentes administraciones, hablando, evidentemente, en favor de su yerno, desde su posición de monarca.
Una posición que, por cierto, no debe ser muy cómoda ahora mismo, después de la que se ha liado a raíz de que su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de España se rompiera la cadera el pasado sábado 14 de abril durante un viaje no oficial a un país africano, en el que participó en una cacería de elefantes. Al tiempo, eso sí, que ostentaba la presidencia de honor de la fundación ecologista WWF en España. Un sinsentido épico del que no habríamos tenido conocimiento el común de los mortales (bueno, y al parecer algunos menos comunes tampoco, porque no ha quedado nada claro si el viaje había sido comunicado o no al gobierno del país) de no haber sido por el desgraciado incidente.
De todos estos ejemplo, todo hay que decirlo, hay uno, el último, que cuenta al menos con el paliativo de la disculpa pública ofrecida por el Rey esta misma mañana.
Eso sí, incluso aunque todos estos políticos, todos ellos –y tantos otros más, de todos los colores políticos posibles- hubiesen pedido perdón por sus actos, cabe preguntarnos si no ha llegado el momento de reflexionar al respecto, y replantearnos la máxima de César desde una perspectiva moderna.
Seamos bienpensados por una vez, y creámonos las buenas intenciones de todos ellos. Pensemos que efectivamente Rajoy no quiso hacer un desplante a la prensa, esquivar la opinión pública de su propio pueblo. Creamos que Escribano es realmente inocente. Sopesemos que Conde Roa realmente no incurriese en una evasión fiscal de mala fe, sino por desconocimiento. Supongamos que D. Jaime de Marichalar y la Infanta Elena desconocían la ley que exige a los menores de edad (siempre mayores de 14 años) un permiso especial para manejar armas de fuego. Creamos que el Rey no era consciente de su error.
Aún creyendo todo esto, si en lugar de servidores públicos, estos hombres y mujeres trabajasen para ustedes, en su empresa privada, ¿seguirían contando con sus servicios? Si en lugar de dirigir el país, estas personas dirigiesen su restaurante, su tienda, su empresa, ¿seguirían confiando en ellos?
Quizás ha llegado el momento de exigir a nuestros gobernante la misma profesionalidad y transparencia, la misma eficacia, y la misma imagen que exigiríamos al directo de nuestra empresa.
Quizás César tenía razón, y no sólo cuenta ser buena persona y buen profesional, sino demostrarlo y parecerlo. Mucho más si cabe cuando tu profesión es la de servir al pueblo.
