Redaccion
El respaldo del grupo socialista en el bloque permite la medida propuesta por el BNG y Compostela Aberta
La sesión plenaria del ayuntamiento de Santiago de Compostela aprobó el jueves mantener el uso comercial de los pisos bajos de los edificios en las principales áreas comerciales de la ciudad. De esta forma, las regulaciones de la Xunta de Galicia no se aplicarán en ciertas áreas y casos que permitan que los bajos se conviertan en viviendas.
La medida, propuesta por la administración local formada por BNG y Compostela Aberta, recibió el voto a favor de los seis concejales del grupo socialista, ya que, por el momento, los cuatro concejales expulsados de PSOE-Merces Rosón, Mila Castro, Gonzalo Muíños y Marta Cálvarez-Have, aún no han sido aprobados, votaron en contra.
En defensa de la iniciativa, el concejal de urbanismo, vivienda e historial de la ciudad, Iago Lestegás, enfatizó que el Ayuntamiento de Santiago ya tiene una regulación de usos, basada en estudios y análisis recientes, que define en qué áreas de la ciudad es necesario mantener el carácter terciario para garantizar la diversidad de usos urbanos. «No tendría sentido desecharlo ahora», afirmó.
Por lo tanto, defendió que la administración local desea seguir utilizando la planificación urbana y los poderes municipales para asegurar que los bajos tengan «diversos usos, para proteger el comercio de proximidad que ofrece bienes y servicios esenciales para el día a día».
Lestegás también destacó que en Santiago hay muchos bajos que podrían convertirse en viviendas, pero que en ciertas áreas el carácter terciario debe mantenerse para que la «ciudad funcione». «No se puede hacer un borrón y cuenta nueva ignorando las particularidades de cada barrio y cada vecindario», declaró.
Apoyo socialista
La encargada de defender la postura del grupo municipal socialista fue la concejala de urbanismo con gobiernos del PSOE Mercedes Rosón, quien resaltó que en Compostela «ya existen barrios como Fontiñas, Vista Alegre o Ensanche donde se permite el uso residencial».
Además, argumentó que para el Partido Popular de Galicia y la Xunta, «la vivienda nunca fue prioritaria», ya que, en su opinión, demostraron «los 15 años consecutivos de gobiernos del PP en los que no se construyeron viviendas públicas ni se ejecutaron los presupuestos».
«Para el PP, las viviendas nunca han sido un derecho, sino un negocio», denunció al señalar que ahora el gobierno gallego pretende «alterar masivamente los valores comerciales» con la «excusa» de la necesidad de vivienda. «Pero las personas tienen derecho no solo a una vivienda, sino a un hogar digno», criticó al censurar que las regulaciones regionales «reduzcan drásticamente» los estándares de vida para quienes las necesitan.
Rechazo del PP
En contraste, el portavoz del PP local, Borja Vereo, justificó el voto en contra de su formación, asegurando que BNG, Compostela Aberta y PSOE tienen un modelo «diferente» al del partido popular, que, según indicó, se emplea para permitir esta conversión, entre otros problemas, para mejorar la política urbana en áreas degradadas.
Por lo tanto, afirmó que su formación detectó «más de 200 locales abandonados», que dan una «triste imagen de abandono, insalubridad e inseguridad» en lo que es «un verdadero desierto comercial» desde hace «más de 20 años».
«Por lo tanto, acabamos de perder una gran oportunidad», declaró Vereo, quien enfatizó que la medida «no se aplicará lógicamente en áreas donde hay actividad comercial intensa», como el Ensanche, y comenzará por barrios como Conxo y Choupana.
El proceso selectivo del operador de servicios múltiples
En la sesión, además, la socialista Mila Castro cuestionó si existen «irregularidades» en el proceso de selección para cinco plazas de operadores de servicios múltiples, después de «las quejas de uno de los solicitantes en el concurso» ya que, según el alcalde, «hubo tres candidatos que respondieron de forma similar» a varias preguntas con «respuestas».
La persona encargada de dar la respuesta fue el concejal César Vila, quien señaló que fue el mismo tribunal que, el 8 de octubre de 2024, observó la posibilidad de una brecha de seguridad en la segunda prueba y la anuló. Por ello, explicó que el tribunal volvió a convocar a todos los interesados a realizar una nueva prueba, «tomando todas las medidas de seguridad necesarias».
El alcalde afirmó que «nadie conoció el contenido del examen» y que todos los candidatos repitieron la prueba sin excepción para garantizar igualdad de oportunidades.
Además, explicó que la coherencia solicitaba un informe interno que concluyó que las razones de anulación estaban justificadas y que la actuación del tribunal era necesaria para mantener la equidad de mérito y capacidad, principios que «no fueron vulnerados», pero que se procuró asegurar la repetición de la prueba.
