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La salud «evalúa» el informe y establece que funciona «en un acuerdo marco» para renovar los protocolos con entidades que ofrecen servicios concertados
El defensor del pueblo emitió un informe sobre el sanatorio de Hestia en Robda, una psiquiatría privada contra un trabajador.
El documento, publicado el jueves por «El País», fue escrito después de una inspección de un equipo técnico que tuvo lugar en septiembre del año pasado, cuando había 94 personas internas, en un programa de salud mental para verificar las condiciones de aquellos que son los Uno que son las personas ingresadas en este hospital que tiene servicios organizados con el Galiciate Servazo de Saúde (Sergas).
Las fuentes del departamento de salud consultadas por Europe Press revelan que actualmente hay 26 pacientes públicos derivados del roble.
Después de este informe, el Defensor del Pueblo, una institución dirigida por Ángel Gabilondo, hace una serie de recomendaciones y sugerencias tanto para la administración autónoma como para que el titular de la compañía de la compañía corrigiera todas las deficiencias y protocolos detectados.
Los técnicos describen cómo la estadía global promedio en La Robda es de aproximadamente 187 días, por encima del promedio en psiquiatría en Galicia. Incluso hay pacientes que han sido involuntariamente «a pesar de su estabilidad clínica».
El defensor del pueblo también enfatiza que las relaciones de personal «no se consideran adecuadas». Por ejemplo, en el momento de la inspección, solo había un psicólogo para atender a los 94 pacientes.
«Castigos» y contenidos mecánicos
El equipo conmovido confirmó que el régimen disciplinario tiene «castigos», que «no es muy terapia». De hecho, se sorprendió que un asistente usó la palabra «castigo» para referirse a la retención de uno de los duelo.
Más allá de esto, «no hay un protocolo bien establecido y operativo» para denunciar la violencia y el maltrato, pero se gestiona a través del trabajador social, el contenido mecánico-incluso y en la habitación en sí misma «una práctica ordinaria» y que algunos pueden durar el días posteriores, incluso sin el paciente en cuestión.
«Podría ser corroborado en uno de los documentos médicos, no ser un caso aislado, un aislamiento de nueve días, seguido de otros tres días de aislamiento de vivienda. Esto implica una violación grave de los derechos básicos de las personas admitidas», los técnicos «, los técnicos Indique el punto afuera.
Junto con esto, los aislamientos de vivienda se practican de una manera «muy común», sin ser recolectados en los documentos del hospital y sin «ningún apoyo legal».
«Episodios de abuso sexual»
En este contexto, hay un caso de un paciente que, según su archivo evolutivo, dijo que «sufrió episodios de abuso sexual» por un trabajador que se ha sometido a sus partes íntimas y lo insultó como contenía físicamente.
Además, en el análisis del historial médico de otro paciente, que tocó el cofre con la misma mujer. Sin embargo, no hay alusión a su archivo. No vale la pena que, en ninguno de los dos casos, se haya activado el protocolo de abuso adecuado.
Con respecto a los tratamientos farmacológicos, se descubrió que hay «un gran número» que recibió «política antipsicótica y otras clases» y otras que se les ofreció «fuera del archivo técnico».
De hecho, «en prácticamente todas las entrevistas» con preguntas sobre el tratamiento realizado a las personas admitidas, «nadie sabía» lo que estábamos tomando. No hay «un plan para reducir o racionalizar el tratamiento farmacológico».
Los técnicos describen un «tratamiento discriminatorio» en el acceso a dispositivos tecnológicos entre los admitidos en los módulos de psiquiatría y al módulo socio de salud: «Siendo que hay personas admitidas durante más de 20 años, la falta de uso de la tecnología es una situación clara es una situación clara. de violación de los derechos ”.
Las habitaciones «irregulares»
El informe del defensor del pueblo también denuncia la violación del derecho a la confidencialidad y la confidencialidad de la presencia de cámaras de videovigilancia a una parte de las cámaras y que «tiene la intención de expandir el área de cobertura» en todas las habitaciones. Esto se hace de una manera «especialmente irregular», porque no está registrado en ninguno de los documentos de la operación central.
También se encuentra que los menores fueron reconocidos y que dos habitaciones estaban cerradas en el segundo piso «para generar un falso espacio diferenciado». Por lo tanto, el menor en cuestión tenía «un poco más que su habitación y una pequeña habitación común», sin acceso al resto del centro con la misma libertad que el resto de la gente.
Con respecto a las instalaciones, el informe destaca el hecho de que «están limpios y bien mantenidos», pero reproches el hecho de que el hospital en sí está «en un enclave rural está aislado por núcleos urbanos, lo que dificulta desarrollar un plan de rehabilitación psicosocial que Se refiere al placer de un placer una vida autónoma y socializada normalmente. «
Aunque la regulación de Robda recopila que la inserción en la comunidad es «parte de su enfoque», esto contrasta que tampoco tiene un «procedimiento específico para diseñar un plan de rehabilitación individualizado para cada paciente».
BNG requiere «responsabilidades»
Después de este devastador informe, BNG ya ha confirmado que solicitará «responsabilidades» en el Xunta desde el Parlamento antes de la «situación muy grave» de este psiquiatría o pino y censura que tiene «fondos públicos» en el sentido de que ha acordado con Sergas .
En palabras de la diputada nacionalista Iria Carreira, estos hechos descritos por el defensor del pueblo «muestran un poco de preocupación» al gobierno gallego para la salud mental y los pacientes psiquiátricos. El bloque requiere «medidas», de modo que esto no se repite, «ni en un centro privado, ni en un solo concierto y, aún menos, en un centro público».
La salud «evalúa» el documento
En este sentido, precisamente, el Ministerio de Sanidad, Antonio Gómez Caamaña, quien confirmó que su departamento «evalúa» el documento del defensor del pueblo «para ver los eventos reales» se habló el jueves.
«Está claro que también debemos garantizar la asistencia médica de los pacientes que se refieren a este tipo de entidades», dijo Gómez Caamaña, quien también avanzó que el subdirectorado Xeral «trabaja en un acuerdo. Marco» para la subasta de los servicios que estas entidades Ofrecer a Sergas e incluirá las recomendaciones hechas por el defensor.
Según fuentes del departamento de salud consultado por Europa Press, este acuerdo marco tendrá «protocolos actualizados» para la prevención de treinta años, en hospitales públicos y para detectar abuso y maltrato, entre otras mejoras.
Finalmente, Health señala que el defensor del pueblo «establece solo una serie de recomendaciones» tanto para Adsinstire como para la compañía de la compañía y que «en ningún caso no hay acción en el campo penal».
