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Fabiola García confirma que el gobierno gallego pronto proporcionará un beneficio automático para la espera dependiente
El Ministro de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ratificó el miércoles que el nuevo plano de agilización y simplificación para la adicción y la discapacidad activada por el ejecutivo gallego permitió «solo 40 días» homologizar el grado de discapacidad a más de 6,000 personas.
Esto se solicitó en un debate plenario el miércoles, en el que se cuestionó la diputada socialista Silvia Longuira y las populares Raquel Arias.
Entre las críticas de Longuira, quien acusó a Xunta de «paralizar» y promover la «privatización» y la «destrucción progresiva» del sistema de adicción, el ministro defendió que el nuevo plan entró en vigor en enero y comenzó a ver los primeros avances.
Y en un día con la agencia en el centro de atención, también confirmó que el siguiente objetivo es el pago efectivo de la ayuda financiera automática a las personas que tienen una situación de adicción acreditada cuando no pueden disfrutar del servicio de atención pública de su camino inmediato preferencia.
Esta medida fue mencionada en la sesión de control por el presidente Xunte, Alfonso Ruda y, posteriormente, fuentes de la administración autónoma especificaron que el pronóstico es que, en breve «en las siguientes semanas», está en marcha.
Fabiola García también enfatizó que las nuevas medidas aprobadas consideran «una forma preferencial para personas mayores de 80 años y pacientes con ELA», así como un fortalecimiento de los equipos de evaluación y la creación, en enero, cuatro sede del servicio de invalidez, uno para cada provincia.
De esta manera, enfatizó que «actualmente hay más de 100 personas dedicadas en Galicia para hacer evaluaciones» y agregó que es «una cifra que se incrementará según las necesidades». También se ha reafirmado que no dejaría de pedirle al ejecutivo estatal que pague la «deuda» con la comunidad en términos de adicción, que Xunta recauda 2.500 millones de euros.
Y, aunque se vio afectado, el gobierno continúa «modificando las regulaciones sin acordar» con las comunidades o administraciones locales, sin garantizar el financiamiento necesario para garantizar los servicios, llevados que Xunta no «se detendrá» con las cifras alcanzadas, porque el El objetivo es que se tratan el «cien por ciento» de las personas en una situación de dependencia.
«Desmontaje y privatización»
Por su parte, Longuira inició su discurso refiriéndose a los trabajadores sociales que siguieron el debate en la galería y fallaron en una gestión de la agencia que, en su opinión, aborda el «desmontaje» del sistema de atención pública y «su privatización –
La situación tomó una perspectiva tan «caótica», que, como enfatizó el socialista, hace dos meses «tres jefes de servicio en el área de dependencia y renunció a su posición», dada la «nueva aparición del ministerio para eliminar el papel de las sociales sociales trabajadores al comienzo de la evaluación.
«Cualquiera que le haya preguntado a la agencia el 1 de diciembre puede hacer esto sin el informe de un trabajador social», dijo, antes de sugerir que esta decisión puede favorecer la «privatización» y leer un folleto en el que se ofreció una empresa privada para administrar para administrar El procesamiento «al precio modesto de 110 euros si usted es un socio de» plata «o 135, si no.
«Este es el nicho de mercado que acaba de abrir para que las aseguradoras, los gerentes y otras compañías puedan manejar la agencia, que anteriormente ha sido un servicio total gratuito. Mi pregunta es que son conscientes de lo que acaban de hacer?»
El ministro afeitó a PSDEG «una ignorancia total» sobre el plan regional o sobre «su intento de engañar a toda la población». «En ningún momento es la cifra de la administrativa del trabajador social y más para dirigir la atención a las personas», defendió.
«No se elimina ningún informe social, pero en algunos casos, no deja de ser obligatorio con ninguna solicitud, poder emitir en los casos en que se considera necesario», dijo.
«El único banner que apoyaremos es que el gobierno central respeta a los ancianos en Galicia», dijo el ministro, en un debate en el que el popular parlamentario Raquel Aria ha reclamado la gestión del ejecutivo regional y los pasos dados.
Trastorno del espectro autista en Pontevedra
Por su parte, el socialista Paloma Castro afirmó que el ministro garantizará lugares residenciales para adultos con espectro de espectro autista en la provincia de Pontevedra, después de llevar los recursos existentes para apoyar al grupo ya afectado es «absolutamente insuficiente». «
García defendió la inversión en lugares para la atención sobre las personas que sufren trastornos del espectro autista y garantizan que los lugares continuarán creciendo en Pontevedra y el resto de Galicia.
«Continuaremos avanzando y creando más cuadrados públicos a través de diferentes entidades, pero, como saben, para crear nuevas cuadrados públicos, se necesitan centros. La política social, que ha reafirmado su intención de continuar trabajando «por la mano» de las familias y las entidades para mejorar la atención del grupo.
