Pablo Arranz
El viernes pasado, el Partido Popular gallego rechazó la petición del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de celebrar un pleno extraordinario para abordar la ola de incendios que ha azotado Galicia este verano. El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, argumentó que era necesario centrarse primero en la emergencia y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparecerá en el primer pleno ordinario del 9 de septiembre.
En medio de duras críticas, el portavoz parlamentario del BNG, Luís Bará, acusó a la Xunta de llevar a cabo «políticas suicidas» y calificó las acciones de Rueda como un «auténtico escándalo». Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió «responsabilidades políticas» y anunció que los socialistas pedirán la creación de una comisión de seguimiento de las medidas adoptadas en 2018 tras los incendios de 2017.
Además, Besteiro no descartó recurrir a la Fiscalía si se detectan «negligencias punibles» en el cumplimiento de dichas medidas. Ante estas acusaciones, el portavoz del PP defendió a Rueda, señalando que durante la crisis de los incendios, el presidente de la Xunta estuvo presente y apoyando a los afectados, mientras la oposición optaba por atacar al Gobierno en lugar de colaborar.
Finalmente, con su mayoría absoluta, el Grupo Popular rechazó la propuesta de celebrar un pleno extraordinario para que Rueda explicara la situación de los incendios que han devastado cerca de 100.000 hectáreas en Galicia. A pesar del apoyo del BNG, PSdeG y un único diputado de Democracia Ourensana, la propuesta no prosperó en el Pazo do Hórreo.
Esta decisión ha generado tensiones en el ámbito político gallego y ha puesto de manifiesto las diferencias entre los partidos en cuanto a la gestión de la crisis provocada por los incendios forestales en la región. La falta de consenso y las acusaciones cruzadas han marcado el debate en la Diputación Permanente, dejando en evidencia la falta de unidad en un momento crucial para la comunidad gallega.
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