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El Departamento de Política Social señala que Galicia es la cuarta comunidad con el porcentaje más bajo de muertes en espera de evaluación.
La Xunta de Galicia afirma que es una de las nueve comunidades autónomas con una gestión aprobada por la agencia, con una calificación de 5.3, según un estudio presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales.
Según el estudio, en 2024, 345 personas murieron en Galicia esperando ser evaluadas por el sistema de atención de adicciones, y 2,772 aún están en lista de espera.
Por otro lado, fuentes del Ministerio de Política Social e Igualdad resaltan que Galicia es la cuarta comunidad con menos muertes, detrás de regiones más pequeñas como Navarra, La Rioja y Cantabria.
Además, la Xunta destaca que Galicia tiene el cuarto porcentaje más bajo en esta situación, ya que solo el 1% de las más de 34,000 muertes en toda España son gallegas, a pesar de que la comunidad representa el 5.5% de la población del país.
A pesar de todo, el departamento dirigido por Fabiola García reconoce que cada persona que muere esperando una evaluación es un hecho negativo. Por ello, recuerda que el gobierno gallego ha aprobado un plan de priorización con una «ruta preferente» para más de 80 años y ha otorgado el grado 3 de adicciones a pacientes con cáncer terminal, tetrapléjicos, Parkinson en fase terminal, entre otros.
El informe revela que algunas comunidades autónomas no han hecho esfuerzos para recuperar plazas residenciales perdidas, como es el caso de Galicia, que ha perdido plazas en comparación con 2023.
Sin embargo, la Xunta responde que el número de plazas residenciales ha aumentado año tras año y actualmente hay más de 16,000 plazas públicas en la comunidad, más del triple que en 2009.
El informe de la Asociación Estatal de Administradores y Gerentes de Servicios Sociales también señala que Galicia tiene la peor tasa de personas atendidas en situación de dependencia (16.1%).
A pesar de ello, la política social considera que considerar a todas las personas mayores de 60 años como potenciales dependientes «no es un enfoque objetivo» y perjudica a las comunidades más envejecidas.
Por último, la Xunta denuncia que el gobierno central tiene una deuda acumulada de más de 2,500 millones de euros en financiamiento del sistema de dependencia, incumpliendo el 50% establecido por las regulaciones estatales. Además, señala que la contribución del gobierno central ha disminuido del 40% al 34.9% en el último año.
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