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La Cámara Gallega ha aprobado por unanimidad una moción en la que la Xunta informará a los grupos sobre los expedientes sancionadores iniciados contra las empresas concesionarias del servicio de transporte por carretera entre 2021 y 2023, así como los contratos del plan de transporte público.
La iniciativa fue defendida en el pleno por el Diputado del BNG, Paulo Ríos, quien aceptó que el texto incluía una modificación del PPDEG a través de la cual el grupo mayoritario acordó proporcionar la documentación solicitada en relación con las ofertas ganadoras de los contratos, siempre que no sean declaradas confidenciales.
El parlamentario del BNG comenzó su discurso asegurando que el Ministro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, «no pudo responder a la única pregunta» que él mismo planteó en la interpelación que dio origen a esta moción y explicó por qué la Xunta «no quiere entregar los datos solicitados».
El diputado nacionalista criticó al PP por no responder a sus preguntas, describiendo la situación como una muestra de que «este parlamento está totalmente paralizado» y aseguró que se ha creado una alarma en la escuela con las inspecciones que la Xunta «delegó» en una empresa privada «que privatizó todo lo que debería controlar» en el sector.
Por lo tanto, aunque en ocasiones anteriores el PP se negó a proporcionar esta información, afirmó que el PP «ahora rectifica su postura totalmente antidemocrática y opaca», pero introduce una «sombra» al hablar de «la cuestión de la defensa» en relación con la documentación de este servicio.
En cuanto a la confidencialidad de los datos para proteger los intereses de la empresa frente a otras competidoras, enfatizó que los grupos de la oposición «no son una empresa interesada», sino «representantes de los ciudadanos gallegos con derechos y responsabilidades, cuya función principal es controlar su acción política y sus decisiones políticas».
Por su parte, el encargado de defender la posición y la modificación del PP fue el diputado Gonzalo Trenor, quien respondió al BNG que su grupo tiene «el máximo respeto» por la cámara gallega y aseguró que cuando la oposición tiene la mayoría en la mesa, «pasa el rodillo».
Además, el Plan de Transporte Público en Galicia se ha destacado por contar con casi 3,600 líneas que cubren más de 58,000 paradas en más de 2.3 millones de servicios al año, recorriendo más de 58 millones de kilómetros.
«Gracias a este plan, estamos mejor conectados que nunca a través de una red de autobuses interurbanos adaptados a las necesidades de los ciudadanos», defendió, subrayando que el plan actual «ha significado una revisión completa del mapa de líneas y la implementación de soluciones para una cobertura máxima del servicio de autobuses».
En cuanto a la información, explicó que si el BNG respalda su modificación «técnica», el PP estaría dispuesto a aprobar la moción. «Entendemos que de esta manera dejarán de hacer insinuaciones y de insinuar ciertas cosas que luego no se reflejan», dijo.
Por otro lado, en un debate en el que el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, se negó a usar la palabra, el parlamentario del PSDEG, Carlos López, afirmó que el debate está relacionado con un concepto que «desafía la práctica política del PP», como la «transparencia» y el «respeto por las normas democráticas».
Además, afirmó que la afirmación de que el PP presenta una «enmienda técnica» implica «una burla completa» y advirtió que es una «trampa».
El parlamentario socialista, que destacó varios problemas presentados por el servicio en Galicia, defendió la necesidad de conocer la información solicitada por la iniciativa. «La falta de datos solicitados impide un análisis exhaustivo de la operación del servicio público», afirmó.
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