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Reportan que omiten preguntas como «quién está detrás» de la financiera y cometen errores en referencias de campo.
La plataforma Mina Touro-O Pino Non ha pedido protección a Valedor do Pobo ante la «opacidad» que ven en la documentación presentada por los promotores de la operación minera prevista en la Región de Santiago y que se encuentra en fase de exposición pública.
Este martes por la tarde, varios miembros de la plataforma vecinal presentaron una inscripción en la sede del Alto Comisionado del Parlamento de Galicia para solicitar su intervención en el acceso a la información sobre el proyecto, que consideran «ocultar» cuestiones como «quién» se alza detrás” de la iniciativa y “quién respondería” si surge un problema.
Así lo afirmó en declaraciones a la prensa la integrante de la plataforma Obdulia Lareo, quien denunció que los promotores se esconden detrás del «secreto industrial» para «dejar en blanco» apartados de la documentación relacionada, por ejemplo, con el informe económico.
Entienden que se trata de una estrategia de «opacidad» para «no revelar» quién es el financista de la iniciativa impulsada por Explotaciones Gallegas, Atalaya Mining y Cobre San Rafael. «Necesitamos saber quién está detrás de esto, quién sería responsable de una falla en el almacén o de cualquier problema», dijo.
BIENES
Denuncian también que en el listado publicado en el Boletín Oficial de Galicia de los inmuebles que serían expropiados para llevar a cabo el proyecto -declarado por la Xunta como estratégico- hay «errores», algunos están «equivocados» en cuanto a la superficie y otros «parecen vacíos».
Aseguran que si se suma la superficie de las hectáreas de fincas indicadas en la documentación «no se llega» a las 812 hectáreas que abarca el proyecto. Por otro lado, continuó, la consulta en el catastro de la superficie de las propiedades «que aparecen en blanco» eleva la superficie total a 914 hectáreas.
De este modo, se preguntan «cuál es la superficie real» de un proyecto que consideran «igual» al presentado en 2017 y que recibió una declaración de impacto ambiental negativo por parte de la Xunta, por lo que creen que su propuesta debería ser rechazada a trámite conforme a la ley que impide que las iniciativas que tengan informes negativos retomen su vía administrativa.
«Es exactamente el mismo proyecto que el de 2020 y eso se desmiente», afirmó Lareo, quien avanzó que la plataforma seguirá con movilizaciones y acciones para intentar frenar una iniciativa que ven como una «amenaza» para los vecinos y los medios de subsistencia de una zona donde se ubican explotaciones ganaderas y donde también tiene peso el sector servicios, ya que es el final de la penúltima etapa del Camino de Santiago.
Además, una delegación del grupo será recibida por el Grupo Parlamentario del BNG el miércoles, según Lareo, quien también confirmó que habrá una reunión con el PSdeG, fecha aún no fijada a la espera del PP y Democracia Ourensana para dar respuesta a la petición trasladada a todas las fuerzas con representación en la Cámara Autonómica.
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