Pablo Arranz
Santiago de Compostela, 1 de enero de 2025
El plan para agilizar y simplificar el acceso a los servicios de adicciones y discapacidad de la Xunta de Galicia, vigente desde enero, abre una vía preferente para las personas mayores de 80 años. Esta es una de las novedades de este plan, que pretende mejorar aún más el acceso a los servicios, reducir plazos y burocracia, y unificar procedimientos en materia de adicciones y discapacidad.
El plan fue aprobado por el Consejo el 27 de diciembre y supone una inversión de 90 millones de euros. Según ha destacado la ministra de Política Social e Igualdad, Fabiola García, tiene siete ejes principales: reducir al máximo la burocracia, establecer un procedimiento común que ahorre tiempo y trámites, mejorar la gestión de los nombramientos, optimizar la gestión administrativa, reforzar el papel de servicios sociales, estableciendo un protocolo de colaboración entre Política Social y Sergas y la implementación de un plan de formación.
De esta forma, y para avanzar en la eliminación de trabas burocráticas, los solicitantes no tendrán que presentar otro documento que la solicitud, en la que habrá suficiente información social y familiar para tratar. Además, se pondrá en marcha un asistente virtual que le guiará paso a paso en la presentación de solicitudes electrónicas. A ellos se sumará el asesoramiento sobre el procedimiento de los trabajadores sociales en los municipios.
Otra innovación es la unificación de los procedimientos de adicción y discapacidad. Así, se podrán solicitar dependencia e invalidez simultáneamente y con una única cita, que además serán evaluadas y solucionadas de forma conjunta, liberándose al mismo tiempo el reconocimiento del grado de dependencia, la aprobación del Programa de Atención Individual (PIA) y el porcentaje. de discapacidad
Además, se aplicará a la invalidez un aval de dependencia. Las personas con dependencia reconocida que ya hayan solicitado la invalidez recibirán su certificado de resolución en enero. De esta forma, los de grado 1 tendrán reconocidas el 33% de las discapacidades, los de grado 2, el 66% y los de grado 3, el 100%.
Sin embargo, esta aprobación también se aplicará a los dependientes una vez que soliciten el certificado de discapacidad.
Este plan también incluye mejorar el sistema de citaciones mediante la implementación de una plataforma automatizada a través de mensaje móvil. Asimismo, se optimizará el sistema de atención telefónica para acordar con las familias los datos de evaluación.
Los planes de dotación de personal para evaluaciones, ya caducados, se prorrogan hasta 2027. Esto supone continuar con el refuerzo de 107 profesionales. Además, en 2025 se creará una sede del servicio de discapacidad en las cuatro provincias, lo que permitirá una mejor coordinación y planificación de todo el personal. A ello se sumará el lanzamiento de un plan de productividad con incentivos económicos.
A través de este plan de racionalización y simplificación se protege la labor de los servicios sociales básicos para que puedan centrarse en la atención directa a las personas reduciendo la carga de trabajo burocrático. Este personal brindará asesoramiento completo sobre cómo presentar la solicitud y a qué servicios y beneficios tienen derecho, y realizará el seguimiento correspondiente. Como novedad, podrán presentar la solicitud electrónicamente en nombre del solicitante.
Otro de los avances introducidos en el sistema es el establecimiento de un protocolo de colaboración con el Sergas, que permitirá la emisión rápida y electrónica del parte sanitario.
El séptimo pilar de este plan es el desarrollo de un programa de formación para trabajadores de servicios de adicciones y discapacidad. También para centros de salud y ayuntamientos. Este personal será informado sobre aspectos fundamentales como: los cambios introducidos en la normativa, las actualizaciones de las solicitudes, las herramientas disponibles para la información y asesoramiento o la presentación online de solicitudes.
Finalmente, se constituirá una comisión de seguimiento del plan, que se reunirá al menos trimestralmente para evaluar su ejecución.
