Pablo Arranz
Santiago de Compostela, 8 de abril de 2025
Los agricultores gallegos y los ganaderos podrán seguir utilizando purines o estiércol como fertilizantes en su territorio, con total normalidad, siempre y cuando se utilicen buenas prácticas en caso de una posible declaración de zonas vulnerables por nitratos de origen agrícola. Así lo declaró posteriormente la consejera de asuntos rurales, María José Gómez, en respuesta a una interpelación en la sesión plenaria al respecto. No obstante, recordó que aún se están esperando los estudios finales del gobierno central, los cuales determinarán si dicha declaración debe realizarse.
En su intervención, la titular del entorno rural recordó que, hasta el momento, dichas zonas no han sido declaradas y advirtió que, en cualquier caso, las explotaciones no tendrán que cumplir con limitaciones ni restricciones en el mes de mayo. Esto se debe a que, como se explicó, en caso de que se declaren esas áreas, una vez que la normativa estatal establezca un plazo de dos años para aprobar un plan de acción al respecto.
María José Gómez añadió que, al aprobarse el plan, serán obligatorias ciertas medidas en cuanto a la fertilización agrícola y su adecuación correcta a las necesidades del suelo y los cultivos. En este sentido, la consejera insistió en que su departamento «tiene la obligación de declarar aquellas zonas donde la contaminación sea causada significativamente por nitratos de origen agrícola». «Declararemos esas zonas como vulnerables cuando el ministerio así lo determine», afirmó.
Buenas prácticas sectoriales
Además, la consejera recalcó que los agricultores han aplicado medidas para reducir la contaminación durante años, como la disminución de vertidos de agua, techos y fosas más dimensionadas, separadores sólidos y líquidos o el uso de estiércoles sólidos. Todas estas acciones, destacó Gómez, son elegibles a través de los planes de mejora y el Plan Estratégico (PEPAC). En este sentido, la consejera defendió el «buen trabajo» de los agricultores gallegos en cumplimiento con la normativa ambiental, así como su contribución para tener explotaciones más sostenibles y ecológicas. Como prueba de ello, argumentó que actualmente solo tres comunidades en Cantabria no tienen zonas declaradas como vulnerables a nitratos, y Galicia es una de ellas.
Luego realizó un repaso cronológico de las regulaciones al respecto, desde la Directiva comunitaria aprobada en 1991 contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, hasta llegar al Real Decreto 47/2022, sobre la protección del agua contra la contaminación difusa producida por los nitratos. A partir de esta última normativa, hizo hincapié en que establece concentraciones de nitrato más bajas que las contempladas en la Directiva Europea.
Publicado Gobierno Central publicado HAPS
En este contexto, la consejera explicó que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó, de forma provisional, los mapas de aguas afectadas por esa contaminación difusa, los cuales son de acceso público. Una vez se publiquen esos mapas definitivos, cuando la administración estatal complete los estudios sobre presiones agrícolas, urbanas y significativas, según la Xunta, será en el caso de Galicia. Y enfatizó que la competencia para declarar las zonas vulnerables corresponde al ministerio, aunque la elaboración de mapas con la localización de las aguas afectadas es responsabilidad del gobierno central. Por lo tanto, y trasladado a las sesiones informativas con el sector agrícola, aunque los criterios del ministerio no se compartan, se trabaja para cumplir con la legislación.
Cabe agregar que Aguas de Galicia se refirió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una carta solicitando estudios complementarios y correcciones ante zonas vulnerables con contaminación por nitrato que el gobierno central elabora. Asimismo, se considera que el estudio presentado por el Gobierno de España no concluye claramente en qué medida la contaminación es causada por las actividades agrícolas, por lo que se solicita a Aguas de Galicia, en coordinación con las comunidades autónomas, actualizar dicho estudio, una obligación que, de acuerdo con las disposiciones de este Real Decreto, debe realizarse cada cuatro años.
