Pablo Arranz
En una reunión llevada a cabo en Santiago de Compostela el 16 de febrero de 2026, las conselleiras de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la conselleira del Mar, Marta Villaverde, se reunieron con representantes del complejo mar-industria, ayuntamientos costeros y otras entidades para abordar la intención del Gobierno central de modificar el Reglamento General de Costas. Esta modificación, según se argumenta, se debe a exigencias de Bruselas. Durante la reunión, se discutió la falta de transparencia en este proceso y se coincidió en la necesidad de ampliar el plazo para la presentación de aportaciones.
Ángeles Vázquez expresó su preocupación por el modo en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está llevando a cabo esta modificación, recordando intentos anteriores en los años 2018 y 2024 que se vieron frustrados. Se destaca la falta de claridad en este tercer intento y se insta al Gobierno central a proporcionar toda la información necesaria sobre la modificación propuesta, así como a aclarar las demandas específicas de Bruselas.
Galicia, en respuesta a esta situación, planea exigir al Ministerio en sus alegaciones que proporcione toda la documentación relacionada con el procedimiento iniciado por Bruselas, que detalle el alcance real de la modificación del reglamento y que extienda el plazo de consulta pública previa a un mes. Además, se anima a diversos sectores a unirse a estas propuestas en defensa de sus intereses.
Se señala que la falta de transparencia en el proceso de modificación del Reglamento General de Costas se ve agravada por el hecho de que el Gobierno central pretende realizar cambios primero en el reglamento y luego en la ley, un proceder que se considera irregular desde el punto de vista jurídico.
En cuanto a la seguridad jurídica, se destaca la preocupación de la conselleira del Mar en relación con las concesiones que sustentan gran parte de la actividad del complejo mar-industria. Cambiar las reglas actuales sin un diálogo real con el territorio podría poner en riesgo inversiones realizadas durante décadas, miles de empleos y la estabilidad de un sector estratégico para la economía y la cohesión social de las zonas costeras.
La Xunta reitera su compromiso de defender un marco normativo claro, estable y previsible, haciendo un llamado a la lealtad institucional y a la participación efectiva de las comunidades autónomas en cualquier proceso de reforma. Se enfatiza la importancia de basar cualquier modificación en informes técnicos rigurosos y en el respeto a la realidad del litoral gallego y su industria marítima.
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